No hay territorio sin control territorial; es decir, no hay territorio sin autodeterminación, justicia social y económica, identidad y memoria.
Atuchajpa Sujllayaj del Pueblo Diaguita Cacano

sábado, 18 de septiembre de 2010

En Defensa de Nuestro Territorio

Las comunidades (ayllus) del pueblo diaguita cacano se encuentran ubicadas en el semiárido salino de la provincia de Santiago del Estero, comprendida principalmente por los departamentos Atamisqui y Loreto -también hay comunidades preexistentes en proceso de autoreconocimiento en los departamentos Choya y Guasayán-. La región se halla atravesada por un cordón boscoso conocido como “El Alto”, territorio de caza, recolección de frutos del monte y plantas medicinales y pastoreo comunitario; es, además, territorio sagrado por el ser el lugar donde habita el espíritu de los antepasados cacanos y los seres custodios del monte. Por otra parte, El Alto actúa como barrera natural evitando el avance de la salinización y erosión de los suelos en el marco de un proceso de desertización de la región. En la década de 1930, a partir del trazado del ferrocarril, el bosque fue deforestado por empresas obrajeras destinadas a la producción de carbón; cuando esta práctica perdió rentabilidad El Alto fue “abandonado” por los obrajeros siendo caracterizada la región como improductiva, a partir de ese momento, las prácticas sustentables de las comunidades indígenas y campesinas, ubicadas a ambos márgenes del bosque, lograron que este se recuperara. Desde principios de la actual década, como parte del avance de la sojización en el país, empresarios ganaderos que reconvirtieron sus explotaciones destinándolas al cultivo de soja comenzaron a adquirir tierras en esta región con el propósito de trasladar sus existencias ganaderas, previo desmonte del bosque, destrucción de posesiones de las comunidades originarias, profanación de lugares sagrados, usurpación y desalojo forzado de familias indígenas y campesinas; con la concurrencia, en la mayoría de los casos, de los poderes públicos que no reconocen los derechos de las comunidades, y la complicidad de funcionarios judiciales y policiales. A partir del año 2008, como consecuencia de la sanción de la ley nacional de presupuestos mínimos o Ley de Bosques nativos, el pueblo diaguita cacano participó en los talleres y audiencias públicas convocadas por el gobierno provincial logrando que El Alto quede categorizado como Categoría I o Roja; sin embargo las autoridades de aplicación de la Ley no garantizan el cumplimiento de la misma, continuándose con la deforestación (ahora ilegal) y desalojo de comunidades.

Ayllus Puncu Atun y Codo:

El día 8 de enero del 2007 se presenta ante el Juzgado Civil de 4° Nominación, Juzgado del Dr. Curet, Miguel Ángel Alberto Sbiglio, domiciliado en la ciudad de Jesús María (Córdoba) solicitando un Interdicto de Adquirir la Posesión sobre los campos catastralmente denominados Puerta Grande y Vinal Pozo  (territorio del Ayllu Puncu Atun) –para lo cual reconoce que no la tiene- contra Cecilio Barraza y Zenón Barraza (ambos pertenecientes al Ayllu Codo) y, Francisco Zurita y Nemesio Sequeira (Ayllu Puncu Atun); denunciando a éstos como “usurpadores” del inmueble que “se encuentra totalmente deshabitado y sin ningún otro ocupante”. Sólo dos días después, el 10 de enero, el Juez Curet hace lugar a la medida cautelar peticionada otorgándole la posesión a Sbiglio.

El día 16 del mismo mes se presentan en el territorio de la comunidad una decena de hombres fuertemente armados con armas largas pertenecientes a una empresa de seguridad privada, custodiando tractores y un grupo de peones que paran postes y arman un portón cerrando el paso con una guardia armada al canal del Alto, única fuente de provisión de agua para la comunidad. Durante una semana, hasta el día 23, el Pueblo Diaguita Cacano se enfrentó a esta “guardia blanca” en defensa de sus derechos. El 23, el mismo Juez dicta una nueva cautelar donde le ordena a Sbiglio, haciendo lugar a un pedido de las comunidades, “cesar inmediatamente en la ejecución de todo acto material sobre el inmueble ..”.

Sbiglio habría adquirido el campo mediante compra realizada en septiembre del 2003 a Carlos Enrique Cáceres, domiciliado en la ciudad de Rosario (Santa Fe); quien, a su vez, un año antes (mayo del 2002) la habría comprado a Carlos Alberto Gonzalez. Es curioso que todas las transferencias se hayan realizado en la misma escribanía (Dr. Alberto Edmundo Gómez) y que, el Dr. Carlos Bernardo Weyembergh, abogado de Sbiglio, sea también apoderado de Cáceres.

Hacia finales del año 2007 se presenta Juan Manuel Juaire, en representación de la empresa Genética del Este S.A., propiedad de la firma Bustingorri Hnos., aduciendo haber comprado el campo denominado catastralmente como Toro Uman (4.780 has.), ubicado en el corazón de El Alto y el cual se encuentra dentro del territorio de las comunidades indígenas de Codo y Puncu Atun; ingresa con tractores, maquinaria pesada, topadora, rolos, y destruye posesiones de las comunidades: cercos, potreros, deslindes, caminos vecinales, plantaciones de árboles, etc.; destruye una importante masa de bosque nativo y; destruye valiosos sitios arqueológicos, profanando lugares sagrados y cementerios de las comunidades.

Juaire (médico veterinario de la cabaña) había comprado el inmueble a María Elena Firpo el 10 de agosto de 2007, quien a su vez lo había recibido en carácter de “donación” de José Felipe Sandoval (desconocido, al igual que Firpo, para los pobladores de la región). El 28 de diciembre del mismo año, cuatro meses después, éste transfiere la escritura a nombre de Elizabeth Mireya Freidenberg. Todos se presentan en el lugar como Genética del Este S.A. Las cabañas Genética del Este (ex Cabaña San Patricio del Este), radicada en la localidad de Punta Indio (Pcia. de Buenos Aires) pertenecen a la familia Bustingorri, referentes de la Sociedad Rural de la costa bonaerense.

En el mes de junio del año 2008, bajo la carátula “Leguizamón Hugo Omar y/otro/s s.s. delito de daños e.p. de Freidenberg Mireya” –Expte. 385/6/08- en el Juzgado en lo Criminal y Correccional de 3° Nom., Juez Jorge del Valle Salomón, son imputados los hermanos de las comunidades indígenas Zenón Barraza (consejero del Ayllu Codo), su hijo Hernán Barraza y, Bernardino Barraza (Atuniyku –cacique- del Ayllu); junto con Hugo Leguizamón (consejero Ayllu Puncu Atun), el anciano Nemesio Sequeira y, su hijo Sandro Sequeira (Puncu Atun).

El 14 de julio, a solicitud de las comunidades, el presidente del INAI, Pascual Iramaín, certifica por nota que las citadas comunidades, junto a otras seis, todas pertenecientes al Pueblo Diaguita Cacano, han solicitado en el año 2007 inscripción de su personería jurídica, que han sido reconocidas por el CPI como comunidades preexistentes y, por tanto, incluidas en el proyecto de Relevamiento y protegidas por la Ley 26.160.
El 16 del mismo mes el juez Salomón dicta una medida cautelar de No Innovar a favor de Freidenberg ordenándoles a los miembros de las comunidades “abstenerse a realizar cualquier posesorios que modifique o altere la situación en que se encuentra actualmente, de autorizar el ingreso a personas extrañas, de causar cualquier tipo de daño, de extraer productos forestales, de cortar y/o sustraer el alambrado perimetral de la propiedad denominada “Establecimiento Toro Uman””.

El 21 de julio, Tito Oscar Zurita, Atuniyku Ñauke del Pueblo Diaguita Cacano y Atuniyku del Ayllu Puncu Atun, denuncia ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Nación –SADS 4066/08- y ante la Dirección de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Provincia –Expte. 478/12/2008- que en El Alto, único cordón boscoso del Departamento Atamisqui y territorio de las comunidades, “...aparecieron por el lugar una topadora, tractor y dos rolos que vienen destruyendo masa de bosque nativo y posesiones de las comunidades, cercos, potreros, mangas, deslindes, forestaciones realizadas por las mismas comunidades, antiguos caminos vecinales, todo lo cual provoca deterioros ambientales irreversibles”.
El día 24, Zurita radica denuncia penal ante la Seccional 20 de Policía de Villa Atamisqui por usurpación de propiedad y estragos rurales contra Juan Manuel Juaire y Elizabeth Mireya Freidenberg. Ninguna de estas denuncias fueron tratadas por las autoridades competentes.

Por otra parte , en “El Productivo”, suplemento del diario El Liberal, sale publicado el día 8 de agosto que: “Genética del Este S.A. es una empresa agropecuaria familiar, básicamente ganadera que realiza mucho trabajo de genética. El fruto del esfuerzo se completó en la 122° Exposición Rural del Palermo, en donde obtuvo el Premio Campeón y Reservado Campeón de la raza Murray Grey, .... . En su intención de seguir creciendo, se instaló hace más de un año en Santiago del Estero, .... . Por ese motivo mantuvieron contactos con el gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora, quien se mostró interesado en la iniciativa. ..... En Santiago del Estero, Genética del Este S.A. adquirió un campo de más de 4.000 hectáreas en Atamisqui. .... ‘Tenemos un plan de evolución del rodeo que la idea es llegar a 2.500 vientres en un plazo de 3 años’.”

Durante el mes de septiembre es privado ilegalmente de su libertad por personal policial de la Seccional 20 Nemesio Sequeira (Ayllu Puncu Atun), cuando se hallaba en el Hospital de Villa Atamisqui y; uno de sus hijos, Enrique, cuando fue a preguntar por su padre, los cuales son liberados luego de la intervención del INAI.
A los pocos días, Reina Coronel (Ayllu Codo) fue salvajemente agredida a latigazos y patadas en el camino entre su comunidad y el pueblo de Villa Atamisqui por una pareja de lugareños simpatizantes de los empresarios. Cuando se dirigió al hospital se le negó atención y cuando fue a poner la denuncia en el citada Seccional policial se encuentra a sus agresores conversando con el oficial Argañaraz quien decide encerrar a Reina con quien la había agredido en la misma celda mientras les decía “ahí adentro pueden matarse si quieren”.

El 14 de octubre, el Lic. Pascual Iramain se dirige a nuestro Atuniyku Ñauke Tito Zurita en su “...carácter de Presidente del INAI en el marco de la denuncia que recibiéramos en este Instituto a raíz de las amenazas y agresiones perpetradas contra miembros de esa comunidad y que quedara registrada bajo el número 3368/08 de este Instituto. Al respecto hemos puesto en conocimiento de dicha denuncia, así como de los alcances de la Ley 26.160, mediante sendas notas a las siguientes autoridades Ministro de Producción ... Luis Fernando Gelid, al Señor Jefe de Gabinete Elías Suárez y al Ministro de Derechos Humanos ... Ricardo Daives, ... . En los mismos términos remitimos notas a los señores jueces en lo Criminal y Correccional de 3° y 5° Nominación, doctores Jorge del Valle Salomón y Juan Antonio Jorge. ...”.

El 22 de octubre, representantes del Pueblo Diaguita Cacano participan de los Talleres Participativos realizados en la ciudad de Loreto, donde se solicita que El Alto, territorio de comunidades indígenas, sea ubicado en la Categoría I (rojo). Sin embargo, en la Audiencia Pública del 6 de noviembre, el Consejo Provincial de Bosques propuso que sea categorizado como “amarillo”, aduciendo que la categorización I “impediría las actividades productivas que las mismas comunidades declaran realizar”, cuando en realidad las “actividades productivas” eran las realizadas por Genética del Este.

El 9 de noviembre, dirigentes indígenas de los pueblos Qom (Formosa y Chaco), Pilaga (Formosa), Wichis (Salta y Formosa), Mocovíes (Santa Fe), Kollas (Salta y Jujuy), Ava Guaraníes (Salta y Jujuy) y Mbya Guaraníes (Misiones), se dirigen al Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero pidiendo que “ ... no se siga cometiendo contra este pueblo (Diaguita Cacano) el etnocidio cultural ya que la destrucción del bosque no solamente implica un daño ambiental sino un daño cultural a los pueblos indígenas que habitan el territorio ancestral, en cuanto a que su relacionamiento con él es el eje de su historia y espiritualidad. ..., repudiamos la persecución y privación ilegítima de la libertad a nuestros hermanos por parte de la autoridades policiales y el trato dispensado por los funcionarios de la comisaría N° 20 de Villa Atamisqui”.

A raíz de lo propuesto por el Consejo Provincial de Bosques en la referida Audiencia pública, el 20 de noviembre se presenta nota ante el Jefe de Gabinete de Ministros, Elías Suárez –Nota 1564- y, el Ministro de la Producción, Fernando Gelid, para solicitarles que se cumpla con el Convenio N° 169 de la OIT, las Leyes nacionales Nros. 24.071, 26.331 y, 26.160 y; en consecuencia, “... se incluya dentro de la Categoría I a la región boscosa conocida como El Alto, territorio y hábitat de comunidades indígenas del Pueblo Diaguita Cacano ...”.
Ese mismo día, en horas de la noche, una patrulla policial de la Seccional 20 encabezada por el oficial Enríquez, enviada por el subjefe Leiva, en la localidad de Toro Uman, ingresan a un domicilio particular sin orden de allanamiento y detienen a Santos Acosta (consejero Ayllu Codo) y Ubaldo Rojas, ambos de la misma comunidad; y cuando éstos preguntaron por qué estaban siendo detenidos, son agredidos físicamente (la patrulla estaba integrada por seis miembros), esposados y arrastrados hasta el móvil policial. En el mismo procedimiento requisaron el vehículo particular de Acosta –una camioneta- sin orden judicial y sin nombrar testigos, luego son trasladados a la Seccional de Villa Atamisqui recibiendo en el trayecto amenazas, permaneciendo detenidos hasta el lunes 24. En el período de detención son torturados física y psíquicamente por el subjefe Leiva, quien golpeaba a uno de ellos gritándole “¡Así que vos sos indio!” mientras acusaba a ambos de haber cortado el alambrado de la empresa.
Este hecho es denunciado el día 26 ante el Comité de Crisis de la Jefatura de Gabinete del Gobierno de la Provincia (creado a consecuencia de los graves conflictos que viven las comunidades campesinas e indígenas por parte de quienes pretenden desalojarlas de sus tierras).
En la misma denuncia se hace constar que el cabo de policía Juan Carlos Torres realiza además tareas de vigilancia y seguridad privada para la empresa Genética del Este, donde también trabajan sus hijos. También se denuncia al encargado de la firma, Sebastián Peuser; esta persona se presenta en la escuela de Codo, ubicada en la comunidad indígena, para denunciar (ante la presencia de niños y con la complicidad de docentes y directivos) que menores encapuchados cortan los alambres. Declara que después del 30 de noviembre (fecha electoral en la cual resultó reelecto el gobernador Zamora), van a “declarar la guerra” a campesinos e indígenas. Agravia, calumnia y amenaza tanto a miembros de las comunidades como a técnicos que realizan tareas de apoyo a éstas. Hizo envenenar pasturas y sembrados con la intención de que los pobladores retiren sus animales de las posesiones que legítimamente reclaman, contaminando el canal de Hoyón que abastece de agua para consumo humano y animal a las comunidades de Toro Uman, Hoyón, Puesto de Díaz, San Dionisio, El Peral, entre varias otras.

El 28 de noviembre, mediante Decreto N° 1.830/08, que establece el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, el Gobernador decreta: “... Se clasifica dentro de esta categoría (Categoría I –Rojo-) además, un corredor biológico en el área conocida como ‘El Alto’, en la zona central del Departamento Atamisqui.”.

A posterior de la promulgación del Decreto N° 1.830 que dejaba en la letra incluido a El Alto dentro de la Categoría I, no solo la empresa continúa desmontando y destruyendo posesiones ancestrales de las comunidades sino que, el 2 de marzo del 2009, el Juez Jorge –Juzgado del Crimen de 5° Nominación- ordena la intervención en las casas de las comunidades Ayllu Puncu Atun y Ayllu Codo del GETOAR (Grupo Especial Táctico para Operaciones de Alto Riesgo de la Policía de Santiago del Estero) conjuntamente con 16 efectivos policiales de la Seccional 20 –más de 30 efectivos en total- para proceder a la detención de cinco miembros de las comunidades, entre ellos un anciano de 80 años, Cecilio Barraza, que fue esposado y arrojado desnudo a un hormiguero donde lo dejaron durante más de 4 horas; en el mismo procedimiento fueron duramente golpeados otros ancianos, niños que estaban preparándose para asistir a su primer día de clase y mujeres; en el operativo se dispararon armas largas hallándose bainas servidas en la cuna donde dormía una bebé.
Cuando los cinco detenidos llegaron a la Alcaidía de Tribunales en la ciudad de Santiago del Estero, luego de haber sido desnudados en la Seccional 20 y humillados en su dignidad por personal policial, el Juez Jorge manifiesta al abogado de las comunidades que “desconocía el motivo por el cual habían sido detenidos”.

El día 27 el Juez Jorge hace lugar a la medida cautelar genérica solicitada por Eberlé, abogado de Mireya Freidenberg, y ordena que los denunciados se abstengan de efectuar comunicación y/o contacto por cualquier medio con Peuser y/o aproximarse a 100 metros del mismo y/o de la propiedad y; oficia a la Comisaría Seccional 20 a fin de que proceda a notificar a los propietarios de todo animal vacuno, yeguarizo o caprino, que tenga marca y/o señal que proceda a retirar los mismos desde la propiedad de Toro Uman, bajo apercibimiento de proceder a su secuestro.
El mismo día es detenido por segunda vez Ubaldo Rojas y, horas más tarde, renuncia como Juez Juan Antonio Jorge.

El 15 de mayo, en oportunidad de que las técnicas del INAI, Montero y Saco, realizaban la visita al Ayllu Puncu Atun en el marco del trámite de su inscripción en el ReNaCI, el Juez Tarchini Saavedra (Crimen de 4° Nominación) ordena el secuestro de los animales de las comunidades, principal fuente de alimentación de las familias.
El 8 de octubre, después de casi cinco meses de reclamos, manda a decir verbalmente a través de un instructor del Juzgado, que dejen de preguntar por los animales (más de 120 vacunos y yeguarizos) porque ya están todos muertos.

A lo largo de todo el proceso judicial los jueces penales intervinientes (Salomón, Jorge, Alarcón, Tarchini Saavedra, etc.) nunca reconocieron a las comunidades indígenas como tales, sino como un grupo organizado para actuar en banda, como una asociación ilícita, donde las autoridades tradicionales de las comunidades y sus representantes son categorizados como líderes de banda y autores intelectuales de atentados contra la propiedad. Por su parte, los jueces del fuero civil tampoco reconocieron los derechos aducidos por las comunidades por no poder demostrar hasta el momento de su inscripción en el ReNaCI su personería; aunque la Ley 26.160 es explícita respecto a que quedan incluidos en su protección las comunidades preexistentes aunque no estén inscriptas. 
Hacia finales del año 2009, en la gestión de su actual Presidente, Dr. Daniel Fernandez, el INAI procede a realizar el Relevamiento Técnico Jurídico y Catastral del Ayllu Codo; inscribiéndose en la misma época la personería de cinco ayllus del pueblo Diaguita Cacano (entre ellos los de Puncu Atun y Codo).
En el presente año se iniciaron acciones administrativas ante la Dirección de Bosques de la provincia, sin obtener resultados.

Ayllu Cortadera:

El ayllu Cortadera (personería jurídica en trámite) se halla ubicado en el departamento Avellaneda –parte de la misma eco región– a las márgenes del Río Dulce.
El 17 de mayo del 2010, el gobierno de la provincia anuncia a través de una publicación en el diario El Liberal, bajo el título “El nuevo dique sumará millones de hectáreas a la producción” (Pág. 2), la construcción de un dique sobre el río Dulce, en la localidad de Tasigasta, cuyo peri lago tomará gran parte del territorio del ayllu y, cuyo impacto ambiental afectará directamente (ecológica, social, cultural y económicamente) a la totalidad de los ayllus diaguitas cacanos.
El artículo dice que “el dique derivador Tasigasta que el Gobierno provincial sobre el cause del Río Dulce, en el departamento Atamisqui, no sólo mejorará la administración del agua y evitará inundaciones, sino que incorporará al sistema productivo santiagueño una región de más de 2.700.000 hectáreas.” Entre las que se cuentan, aunque no se explicita, las correspondientes a las comunidades indígenas.
También expresan que “en lo que tiene que ver con los beneficios económicos y productivos, se crearán empleos, habrá mayor movimiento inmobiliario y se incrementará el valor de la tierra. ... habrá un efecto multiplicador en la economía provincial, ... habrá un importante aporte a la reubicación y aumento de stock de la ganadería nacional, generando empleos en localidades aledañas y un aumento en la actividad comercial.” Donde se manifiesta parte del verdadero propósito de la obra.

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